Gennaio 2012- Crisis Italiana: Deuda Pública y Deficit Fiscal

Dott. Leonardo Olivieri

La crisis económica italiana se debe a varios factores, muchos de ellos de larga data, pero principalmente podemos mencionar el considerable aumento del déficit fiscal y la duda pública como dos causas importantes de la actual situación económica.
Es importante considerar que el aumento del déficit fiscal y la deuda pública no sólo es recurrente en Italia sino en los principales país europeos. La cuestión es analizar cómo dichos déficits condicionan gravemente no sólo la coyuntura económica sino que generan importantes consecuencias en la estructura misma del sistema económico europeo.
La cuestión es que de acuerdo a los Tratados de la Unión Europea los Estados Miembros deben evitar déficits fiscales excesivos y cumplir al respecto los dos criterios siguientes: su déficit fiscal no debe superar el 3% del producto interno bruto (PIB), y su deuda pública no debe superar el 60% del PIB.
En lo que respecta a la situación de Italia, según los últimos datos publicados por Eurostat (la oficina de Estadísticas de la Unión Europea) en 2010 ninguna de las grandes economías de la Unión cumplía ambos criterios, muy pocas los cumplían y sólo dos países tenían superávit fiscal.
Conforme a las estimaciones para 2011 y los pronósticos para 2012 publicados por la Comisión Europea, ninguna de las grandes economías cumplirá ambos criterios en los años considerados.
El PIB italiano, según estadísticas oficiales (Eurostat) estaría finalizando este año en casi 1.6 billones de euros.
Para más precisión tomemos algunos datos: el déficit fiscal italiano en los últimos dos años promedió el 5% del PIB, la deuda pública supera el 125% del PIB y el gasto público ronda el 50% del PIB. La tasa de crecimiento de la economía ha sido realmente decepcionante en los últimos 20 años. Según el FMI entre 1993 y 2002 la economía italiana creció a un promedio del 1,6%, mientras que los países desarrollados lo hacían en promedio al 2,8%. Y en toda la primera década del nuevo siglo, que fue una de las más altas de los últimos 200 años, el crecimiento italiano en ningún momento superó una tasa anual del 2%, siendo la peor performance de los países desarrollados. Inclusive peor que la economía japonesa, siempre mencionado como un país estancado en términos de actividad productiva
Así es que el nuevo gobierno técnico de Mario Monti aprobó un plan de ajuste riguroso tendiente a reducir el déficit .Se pretende impulsar un plan de ajuste por un valor de cerca de € 30.000 millones (€ 12.000 millones en recortes del gasto y € 18.000 millones en aumento de la recaudación).
Del total, € 10.000 millones se destinarán a medidas para fomentar el crecimiento.
En IVA, habrá una subida del tipo estándar del 21% al 23% en 2012. La media de la UE está en el 20,7%.
En pensiones, se acelerará el plan de transición para elevar a 66 años la edad de jubilación. Para optar a la jubilación anticipada, los hombres deberán cotizar 42 años y las mujeres, 41. Adecuación parcial a la inflación para las pensiones entre € 467 y € 935. Las superiores a € 936 al mes no se actualizarán con la inflación.
En el Impuesto sobre Viviendas, se reintrodujo la tasa que había sido cancelada por el Gobierno de Silvio Berlusconi.
Para combatir la evasión fiscal, el Gobierno redujo a € 1.000 el tope que se puede pagar en efectivo.
Para las Administraciones locales rige una reducción de los cargos políticos en las provincias. Recortes de € 5.000 millones en las transferencias desde el Gobierno central.
Y habrá nuevas cargas impositivas sobre aviones y helicópteros privados y sobre coches de alta gama.

Pero para aclarar mejor las políticas de ajustes llevadas por el Gobierno de Monti conviene aclarar las condiciones que se establecieron en el Tratado de Maastricht. Básicamente el Tratado establece las siguientes condiciones de convergencia de las economías nacionales:
Inflación: la tasa promedio de inflación debe ser inferior o igual a 1.5% puntos sobre el promedio de los tres Estados Miembros que tengan mejor comportamiento en materia de precios.
Tipos de interés: los países que intenten acceder al euro deberán tener un tipo promedio de interés nominal a largo plazo inferior o igual a 2 puntos sobre la media del tipo a largo plazo de los tres Estados Miembros de menor inflación.
Déficit público: el déficit público no podrá exceder del 3% de su Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado.
Deuda pública: los países aspirantes deben ajustar su deuda pública para que no sea superior al 60% de su PIB. Si no es así, se pueden hacer excepciones con los países que tengan deuda decreciente y que se aproximen a un ritmo adecuado al porcentaje establecido.
Tipos de cambio: las diferentes monedas de los países que entren al euro deberán permanecer al menos durante 2 años antes de su “examen”, dentro de las bandas de fluctuación normales del SME.

Es importante recalar lo referido al déficit público y a la deuda pública. Como mencionamos antes, ningún país europeo logra cumplir esas dos condiciones de convergencia establecidas en Maastricht. Por lo tanto, la cuestión de la reducción de ambos déficits es una condición fundamental para reintegrar las economías nacionales a una “sintonía única” económica europea. Sin embargo, un hecho no menor es el costo del ajuste, o sea el impacto que tiene dichas políticas en la gente. Resulta evidente que a primera vista estos ajustes requerirán un gran esfuerzo y sacrificio por parte del pueblo, por lo tanto el éxito dependerá fundamentalmente del consenso en las políticas de ajuste, por el grado de distribución del ajuste y en particular el impacto en las clases sociales más pobres.
Otro punto a considerar es la cuestión de las reformas en el Unión Europea. Reformas que deberá garantizar una mayor estabilidad a la región y una mayor convergencia de las economías regionales.
Pero por lo pronto, lo más inmediato es si Europa logrará “ sobrevivir” a estos ajustes e iniciar un proceso de recuperación económica. Repetimos: lo fundamental será el grado y el nivel de impacto de tales políticas de ajuste y la tolerancia de la sociedad al respecto. Tolerancia que influirá en la ciudanía sobre si es conveniente y atractivo para “el bolsillo” permanecer o no en la Unión Europea. La incógnita queda abierta, sólo los resultados y los acontecimientos de mediano plazo determinarán el futuro.